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Disonancia:
Voces en disputa

Informe anual de Article19 

Imagen de la disonancia

¿Qué es la disonancia?

Voces en disputaLa disputa por la palabra en un contexto de tonos contrapruestos ha potenciado la disonancia del entorno: la tensión entre las voces que asumen la política como dogma, las que ya no saben de dónde viene o cuál es la verdad y todas las que quieren hacerse escuchar.

La información se ha vuelto un bien codiciado al que ahora tiene acceso un sinnúmero de personas gracias a la era digital. Las tecnologías de la información nos han permitido identificarnos con las realidades de aquellos que se encuentran al otro lado de las fronteras. Nos hemos asumido como parte de una comunidad global que afronta batallas y amenazas similares. Hemos empatizado con quienes no hablan nuestro idioma, pero que pueden expresar el dolor y el terror igual que nosotras y nosotros. Hemos atestiguado en tiempo real la atrocidad, la represión y la podredumbre de gobiernos corruptos e impunes que sólo piensan en sí mismos y no en su pueblo. Algunas personas hemos asumido que los gobiernos no cambian ni se transforman, las sociedades sí.

Ese bien, que históricamente se había racionado y utilizado de manera discriminatoria en México, por el cual 47 periodistas fueron asesinados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y se gastaron más de 60 000 millones de pesos en publicidad oficial, nos otorgó el poder de exigir un cambio.

Pero en 2019, más que en ningun otro momento, la información siguió siendo el objeto de la guerra, el valor de la disputa. Este año, las prácticas para controlarla desde los polos o las élites se reflejaron en el incremento de las agresiones contra periodistas, con el mayor número en la historia, 609 en un año; en el discurso que estigmatiza y busca despojar a la prensa de sus lectores y sus audiencias; en las redes que vomitan el odio y la discriminación con desinformación hacia los más vulnerables o en las conferencias mañaneras que se han convertido en la palestra, el púlpito o la tribuna del gobernante en turno para corromper la agenda y fijar los términos del debate público.

Es cierto, hay más voces, pero no hay diálogo: hay disonancia. Las expresiones se repelen, chocan y se rechazan entre sí. Los pensamientos de unos y otros son incompatibles y existe una tensión constante entre las ideas, las creencias y las emociones. No hay lugar para el disenso, ni para la crítica. La diferencia, en este sexenio, radica en que esto no sólo sucede entre el gobierno y la ciudadanía, sino en la misma sociedad, que se confronta.

Cada voz habla desde su propio mundo y se aparta, poco a poco, de los otros. Nos polarizamos, creyendo que los que nos escuchan son los que existen. Así, omitimos a aquellos a los que, decididamente, hemos dejado de escuchar.

Disonancia: voces en disputa busca reflejar la tensión entre las distintas voces y la imposibilidad de escuchar aquellas otras expresiones que siguen luchando por ser escuchadas. En este informe, buscamos dar cuenta de los efectos de la polarización del pensamiento y de la necesidad de observar las distintas aristas de una creencia.

También señalamos en este informe de 2019 lo que, en el marco del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha cambiado para bien o para mal. Además, descubrimos nuevas tendencias que marcan la diferencia con el sexenio anterior y restablecen el panorama de la libertad de expresión y el derecho a la información, pues suponen nuevos análisis y aproximaciones. Finalmente, tocamos aquello que, a pesar del discurso, sigue igual y no parece que vaya a ser diferente.

Palabras de Ana Cristina Ruelas, directora de ARTICLE MX-CA

2019: lo bueno, lo malo y lo feo

Lo bueno, lo malo y lo feo

Lo bueno

Hasta ahora, ningún gobierno contemporáneo había admitido la existencia de víctimas de la violencia de Estado. En el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, informó que en ese lapso habían desaparecido 5184 personas para un total de 61,637 en esta situación.

Además, se llevaron a cabo acciones de reconocimiento del papel del Estado en casos como el de Martha Camacho, quien fuera víctima de tortura, junto con su hijo y su esposo, José Manuel Alapizco Lizárraga, asesinado por militares. En el respectivo acto de reconocimiento, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, habló del carácter de crímenes de lesa humanidad de las acciones de persecución política contra los grupos armados.

Con esto, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador llega a un punto de no retorno. Reconocer la desigualdad, así como la sistematicidad y generalización de la violencia ocurrida en México, implica, sin más, el deber de impulsar políticas públicas —no solamente cosméticas— para garantizar la igualdad, el acceso a la justicia, la verdad, la reparación integral y la no repetición.

Por otra parte, en México, durante 2019, el movimiento feminista logró que una parte de la población mirara y cuestionara el sistema patriarcal recurriendo a diversas formas de expresión: la palabra, el baile, los cantos, el arte y, también, la desobediencia cívica, el insulto y la ofensa. Así, las mujeres, se apoderaron del espacio cívico físico y digital para expresar su lucha por acabar con los abusos y violencias a las que se ven expuestas en todos los ámbitos de su vida familiar, laboral y social, logrando conglomerar a jóvenes y adultas, de distintas clases sociales, en torno a un mismo objetivo: justicia e igualdad.

 

Lo malo

En su intento por dominar y marcar la narrativa de la agenda nacional, el presidente ha hecho de su palabra un instrumento y un arma de gobierno. Las conferencias matutinas y las giras nacionales de fin de semana se han convertido en los fenómenos que caracterizan la gestión de Andrés Manuel López Obrador.

Éste ha decidido neutralizar o anular a cualquiera que busque cuestionar su relato. Generaliza y pone en el mismo costal a todos aquellos que no comulgan con su forma de pensar. Después de un año de gobierno, lo que queda claro es que aquellos actores de la sociedad sean del sector que sean e incluso de cualquier clase social, que no toman una postura política a favor de lo que el presidente llama la Cuarta Transformación (4T) se convierten en adversarios. Con tal de ganar e imponer la narrativa en la opinión pública, ha llegado al punto de sacrificarlos.

 

El discurso estigmatizante hacia la prensa también ha logrado expandirse y reproducirse en diversos lugares del país e impactar en el reconocimiento social del periodismo. Históricamente, ARTICLE 19 había documentado que entre 49% y 53% de las agresiones en contra de periodistas venían de agentes del Estado, sin embargo, las amenazas de particulares y actores no identificados han aumentado de manera vertiginosa.

Esto puede responder al discurso presidencial, que envalentona o legitima la acción en contra de la prensa, o bien a la profundización de un ambiente polarizado que busca identificar a “los buenos” y “los malos”, o a “los liberales” y “los conservadores”.

El espacio digital y las plataformas de redes sociales acompañan al gobierno de López Obrador para colocarse en el epicentro de la política mexicana, y viejas prácticas, como el uso de cuentas automatizadas en Twitter o una articulación coordinada y sostenida para favorecer la imagen del gobierno y reducir el alcance de las voces críticas, han derivado en discursos violentos que han fijado fronteras entre bandos.

Lo malo radica en los absolutos que polarizan a la sociedad y la anulación de aquellos a quienes se considera “adversarios”, lo que inhibe la posibilidad de mirar el verdadero camino del cambio.

 

Lo feo

En el caso de la violencia contra la prensa, se mantiene su ascenso constante de los últimos 12 años. En 2013, ARTICLE 19 documentó 330 agresiones en contra de periodistas; para 2019, el número aumentó a 609, lo que representa un incremento de 85%. También, las fiscalías siguen siendo cómplices de la violencia contra la prensa y no dan signos de que los niveles de impunidad vayan a revertirse.

Gráfica de agresiones contra la prensa
Cifras de periodistas asesinados en México

Este año fue el primero en el que la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) logró llevar a buen puerto una investigación exhaustiva en contra de los probables autores materiales del crimen contra la periodista y activista Lydia Cacho. Sin embargo, la justicia no ha llegado y ella ha tenido que renunciar a su vida en México para procurar su seguridad pues, hasta ahora, el Estado ha sido incapaz de aprehender a todos los responsables y de avanzar hacia la verdad, la reparación y la no repetición.

Crímenes contra la prensa en méxico que permanecen impunes

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador llegó a un país al que no era posible borrarle la historia y empezar de nuevo; fueron muchas las atrocidades cometidas en el pasado y el dolor para olvidar y dejar atrás. No obstante, “lo feo” es que este gobierno cuenta con todas las herramientas legales e institucionales, así como con el apoyo del pueblo y, aun así, hasta hoy, en lo que respecta a justicia, parece que ha optado por quedarse a la mitad del camino, en una justicia a medias, por cambiar de a poco y para unos cuantos. Y por el desdén.

El periodismo entre la estigmatización y la desidia

Periodistas estigmatizados

El primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue más violento y letal para el periodismo que el último de la administración de Enrique Peña Nieto, con un incremento de las agresiones contra la prensa, que pasaron de 544, en 2018, a 609, en 2019, mientras que los asesinatos de periodistas aumentaron de nueve a diez en el mismo periodo.

En el rubro de publicidad oficial, si bien disminuyó la cantidad de dinero que se entrega a medios de comunicación, esto no se ha traducido en una mayor independencia editorial, por el contrario, el presidente ha concentrado sus esfuerzos en controlar la agenda mediática a través de la realización de conferencias de prensa diarias, que también se han convertido en tribunas usadas para aleccionar a periodistas y medios críticos con su gobierno. ARTICLE 19 ha documentado 12 casos en los que López Obrador ha hecho un comentario hostil público en contra de un o una periodista, con una reacción inmediata en las redes sociales, que se llenan de insultos y amenazas dirigidas a quien haya formulado críticas al gobierno.

Por su parte, el panorama de la impunidad y la procuración de justicia en los delitos contra la libertad de expresión también es desalentador. La impunidad se mantiene por encima del 99% y crecen las dudas sobre la autonomía, frente al Ejecutivo federal, de la Fiscalía General de la República (FGR), que a la fecha no cuenta con un Plan de Persecución General. La FGR reproduce algunas de las peores prácticas en la investigación de crímenes, como son el no contar con planes de trabajo idóneos, el retardar diligencias sin justificación alguna y el dar un trato revictimizante a quienes han sufrido delitos. Mientras todo esto sucede, hasta noviembre de 2019 no se había creado el Consejo Ciudadano.

 

El fin de la era de publicidad de Peña Nieto y la propaganda de la 4T

El gobierno de Enrique Peña Nieto mantuvo con la prensa, durante seis años, una comunicación unidireccional y onerosa que se caracterizó por la entrega de cantidades exorbitantes de dinero público a las empresas mediáticas. ARTICLE 19 documentó que el gasto en publicidad oficial durante ese gobierno fue de 61,891 millones de pesos, dinero que sirvió de soporte a una relación tóxica de contraprestación política, la cual fracturó la posibilidad de independencia editorial y sirvió para castigar a medios críticos, negándoles la entrega de recursos, y para premiar a quienes favorecían al gobierno.

Esta dinámica parece estar cambiando, aunque es prematuro para saber qué tanto. Durante 2019, el gobierno destinó alrededor de 50% menos recursos con respecto a lo que gastó Peña Nieto durante 2018, al pasar de 10 725 millones de pesos ejercidos en ese año a 4258 millones aprobados en 2019. Sin embargo, esto aún no se ha traducido en más libertad para informar, ya que la disminución de recursos no disuelve la posibilidad de que el gobierno incida editorialmente —de manera tácita— en los medios ni elimina los sesgos editoriales a favor del Estado.

Por el contrario, el actual presidente encontró herramientas adicionales para asegurar una cobertura favorable y constante. Éstas incluyen la realización de conferencias diarias transmitidas por las cuentas verificadas de Twitter, Facebook, YouTube y la web oficial de Andrés Manuel López Obrador. Las conferencias han servido para marcar la agenda de la voz única del Ejecutivo.

Gasto en publicidad oficial durante el primer año de gobierno de AMLO

Beneficiarios que más dinero recibieron publicidad oficial durante el primer año de gobierno de AMLO

Instituciones que más gastaron en publicidad oficial durante el primer año de gobierno de AMLO

Las mañaneras: del estigma a la amenaza

En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se ha podido ejercer a plenitud el derecho a disentir en el marco de la cobertura de las conferencias mañaneras del presidente. Periodistas han visto cómo, al formular cuestionamientos al presidente o a sus acciones de gobierno, las redes sociales inician un hostigamiento con los calificativos usados por el propio Ejecutivo para referirse a la prensa crítica con su administración: “fifí”, “conservadores”, “chayoteros” e “hipócritas”.

De fondo, en el tono de López Obrador se percibe un reproche por el simple hecho de no cubrir de cierta manera un tema o por no estar “de su lado”, de “morder la mano a quien les quitó el bozal”, “de estar en falta” o de cuestionar que se hayan acabado los privilegios de los “intocables”. Estas retóricas se han multiplicado en las redes de apoyo al grado de crearse hashtags (#) contra medios que son tendencia en Twitter o, incluso, a proferirse amenazas de muerte o invitaciones a quemar instalaciones de medios de comunicación.

 

Del estigma al ataque colectivo organizado

La hostilidad de los liderazgos políticos en México hacia la prensa se disparó en 2019, junto con una militancia virtual del lopezobradorismo que ha logrado articularse para hostigar a quienes critican a la actual administración. Esto ha sido documentado por Signa Lab en su seguimiento de la discusión política en línea en México, identificándose patrones de comportamiento atípicos de usuarios de las plataformas digitales, quienes “polinizan” los ataques para denostar a quienes critican o cuestionan al presidente e, incluso, llegan a constituir operaciones políticas para censurar periodistas.

ARTICLE 19 tiene registro del incremento del número de agresiones en contra de medios de comunicación, que es casi del 100%, al pasar de 36, durante 2018, a 70 en 2019.

 

Las cifras de 2019

Mientras el presidente escaló el nivel de confrontación hacia la prensa, las agresiones contra periodistas se acumularon en todo el territorio nacional. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, ARTICLE 19 documentó 609 agresiones contra la prensa, contrastando con las 544 de 2018. De esta manera, en México, durante 2019 se agredió a un periodista aproximadamente cada 15 horas, mientras que durante el año previo era uno cada 17.14 horas.

 

La geografía de la violencia

Los datos por entidad muestran que la Ciudad de México registró el mayor número de agresiones, con 84 casos; seguido de Quintana Roo, con 57; Guerrero, con 51, y Puebla, en donde hubo 34 agresiones. En Oaxaca y Veracruz se documentaron 33 ataques en cada uno. En los casos de la Ciudad de México y Quintana Roo preocupa que en sólo doce meses el número de agresiones contra la prensa se duplicó. Por otro lado, los estados donde se documentaron menos ataques fueron Querétaro, con una agresión, seguido de Hidalgo, Aguascalientes y Zacatecas, con tres atentados cada uno. En Chihuahua, ARTICLE 19 documentó cuatro agresiones.

Debe considerarse que existe un cierto número de agresiones que suceden, pero de las que ARTICLE 19 no tiene conocimiento debido al temor de denunciarlas, la falta de mecanismos gubernamentales efectivos para procesarlas o, peor aún, la normalización de los ataques en el contexto de la cobertura periodística.

Agresiones por estado de la república

 

La tipología de la violencia

De las 609 agresiones documentadas, las más recurrentes fueron intimidación y hostigamiento, con 166 casos; amenazas, con 144 casos, y 62 ataques físicos. Los bloqueos, alteración o remoción de contenido en internet ocuparon el cuarto lugar, equivalente a 60 ataques. Si bien todas las agresiones aumentaron, el “uso ilegítimo del poder público” pasó de 22 ocurrencias a 46, duplicándose en sólo 12 meses.

Tipo de agresión

Los impactos diferenciados de la violencia

El 27.42% de la totalidad de agresiones del año estuvo dirigido contra mujeres periodistas, lo que equivale a 167 casos. Los ataques más recurrentes fueron los actos y comunicaciones intimidatorias, registrándose 18 y 13 agresiones, respectivamente. De cerca siguen los ataques físicos y los bloqueos informativos, con 12 agresiones documentadas de cada tipo.

A pesar de las denuncias sobre las diversas violencias a las que se enfrentan las mujeres periodistas y comunicadoras, las respuestas desde el sector público suelen adoptar enfoques que buscan culpabilizarlas o estigmatizar sus comportamientos.

 

Tipo de Víctima

 

La 4T (aún) puede corregir el rumbo

El 2019 fue un año perdido por López Obrador para robustecer las garantías de los derechos a informar y a informarse de manera plena. Aún quedan cinco años de gobierno en los que se puede corregir el rumbo para impulsar una verdadera política de Estado que garantice la libertad de expresión y articule los esfuerzos de distintas instituciones públicas para prevenir agresiones, proteger a periodistas, procurar justicia y reparar el daño causado a cientos de comunicadores.

Ya se dio el primer paso al reconocerse públicamente que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo del gobierno federal, necesitaba reestructurarse, ya que fue señalado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como “insuficiente para dar respuesta a las necesidades reales de protección” en el país.

Algo similar sucede con el sistema de procuración de justicia. Actualmente, la FGR sólo llega a algún tipo de sentencia en el 7.6% de los casos. Y es aún más desalentador el estado de las investigaciones de crímenes contra periodistas, cuyo índice de impunidad está por encima de 99%, de acuerdo con las cifras que publica la FEADLE, las cuales evidencian que de 1,614 casos en trámite desde su creación (2010), sólo se han logrado 14 sentencias.

Este panorama indica que es urgente dar atención a tres necesidades urgentes: reestructurar el Mecanismo, diseñar y ejecutar un plan para reducir la impunidad en crímenes contra periodistas y ajustar el discurso oficial para no acentuar las vulnerabilidades de los periodistas.

 

¿Más o menos información pública que en el pasado?

Candados de la información

 

Desafortunadamente, en el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha habido importantes retrocesos y la federación dejó de ser un referente en el cumplimiento de obligaciones en materia de acceso a la información, con un incremento en la falta de atención a solicitudes de información, así como en el incumplimiento de las obligaciones de transparencia y centralización de la información.

Del 1 de enero al 28 de noviembre de 2019, se dirigieron 259,526 solicitudes de información a instituciones del ámbito federal, con un aumento en el número de recursos de revisión (es decir, la impugnación que hace una persona cuando una solicitud de información no fue bien contestada o cuando se niega o limita su acceso). En 2018, se impugnaron 4.82% de las respuestas a las solicitudes y, en 2019, 6.59%.

Desempeño de instituciones federales relativo al acceso a la información

La inexistencia: una forma eficaz para negar la información

Cada gobierno ha desarrollado una serie de argumentos para mantener el control de la información. El de Andrés Manuel López Obrador sustituyó el argumento de la reserva o confidencialidad de la información por el de “la inexistencia”. Así, en 2019, se incrementó el número de declaratorias de inexistencia de la información en 160% respecto al primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto y en 285% respecto al de Felipe Calderón. En 2019, hubo 14 801 declaratorias de inexistencia de la información.

 

Falta de cumplimiento en las obligaciones de transparencia

El incumplimiento de las obligaciones de transparencia en el gobierno actual tiene un incremento de 200%, al pasar de 255 infracciones, en 2018, a 656, en 2019, a pesar de tratarse de información que los sujetos obligados por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública deben poner a disposición de los particulares en la Plataforma Nacional de Transparencia.

La mayor cantidad de denuncias están dirigidas contra Morena, con 81; seguido de la Secretaría de Salud, con 22, y la Cámara de Diputados, con 18. La falta de cumplimiento de estas obligaciones demuestra la ausencia de compromiso con los valores institucionales de transparencia y apertura.

 

La centralización de la fuente de información

En 2019 hubo un incremento histórico respecto a los recursos de revisión dirigidos a la Oficina de la Presidencia de la República, con un total de 515; esto es, un incremento del 817% respecto a 2018, cuando se dieron 63. El incremento se debe a la concentración de información en las conferencias mañaneras, en donde el presidente, acompañado de sus funcionarios, da cuenta de planes o acciones. Sin embargo, esto no se traduce en información de calidad ni tampoco en el fortalecimiento del ejercicio del derecho a la información; por el contrario, se mantienen prácticas arraigadas de opacidad, como la falta de atención cabal a las diversas solicitudes de información, el incumplimiento de las obligaciones de transparencia, la indiferencia a las resoluciones del organismo garante y la centralización de la información en una sola fuente.

 

¿Hay más transparencia en la transición de Procuraduría a Fiscalía?

Si bien la FGR ha sufrido un proceso de “transformación” hacia una mayor autonomía, esto no ha significado mayor transparencia, ya que aún no es posible contar con más información disponible para la sociedad, al mismo tiempo que no se han publicado ni generado versiones públicas de los registros que ordena la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, de 2017, la cual establece que es atribución de la FGR generar el Registro Nacional de Fosas y el Registro Nacional de Personas Fallecidas no Identificadas.

 

 

Acceso a la información, ¿de verdad van “primero los pobres”?

Los pobres van primero

En México, el acceso a la información es un privilegio para personas con mayores niveles educativos y que no tienen el límite de la brecha digital. Pese al discurso que ha acompañado al presidente de “primero los pobres” y de prioridad a los pueblos indígenas, la realidad es que estos sectores siguen viendo vulnerados sus derechos en esta materia.

El INAI reporta que 59% de los solicitantes de información pública tienen licenciatura y 28.4%, posgrado. La mayoría de las solicitudes se concentran en la Ciudad de México (35%), Estado de México (6.5%) y Jalisco (2.9%). En contraparte, las comunidades más alejadas y vulnerables han sido y siguen siendo víctimas de diversas formas de exclusión de este derecho: por su lengua, por su pobreza, por su género, porque están alejados de la tecnología, porque no conocen los tecnicismos de la administración pública o, simplemente, porque las instituciones no cumplen con el deber de garantizarlo, de promocionarlo y de impulsar mecanismos alternativos para brindar información en aquellas zonas donde no existe acceso a las tecnologías.

La brecha digital es uno de los principales obstáculos para acceder a la información y se constata en el hecho de que solamente el 52.9% de la población tiene acceso a internet, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2018 (ENDUTIH). Pese a esta limitante, las obligaciones de transparencia se colocan en portales en línea y el sistema de solicitudes de información depende en gran medida del uso de internet.

En un estudio de campo realizado por ARTICLE 19 en comunidades indígenas de los estados de Chiapas, Yucatán y Oaxaca se ha podido documentar que existe poca información sobre los programas sociales y, cuando la hay, únicamente está disponible en plataformas digitales y en español, y cuando la hay en alguna lengua indígena, sólo está por escrito, sin considerar que parte importante de las personas beneficiarias de estos programas no hablan español o no saben leer.

Otro obstáculo reside en la falta de cumplimiento de la ley y de la responsabilidad de las instituciones y sujetos obligados a garantizar el acceso a la información que constitucional y legalmente tendría que publicarse en los portales de internet y que durante todo el primer semestre de 2019 se encontraba inaccesible.

ARTICLE 19 realizó una serie de solicitudes y búsquedas de información sobre los programas sociales del actual gobierno, puestos en marcha durante la primera mitad de 2019. El proceso se caracterizó por la falta de respuesta, las declaraciones de inexistencia de la información y la ausencia de información en los portales de las instituciones responsables de implementarlos.

Además de una resistencia latente de las autoridades municipales y estatales, así como de los sujetos obligados, para dar acceso a la información, suelen ofrecer respuestas a las solicitudes de información sin cumplir con los criterios de calidad, oportunidad, accesibilidad y veracidad.

 

Transparencia proactiva: una medida cómodamente aplicada

Las políticas de transparencia proactiva existentes hasta ahora se basan en la recurrencia de las solicitudes de información, es decir, se determinan a partir de las principales tendencias identificadas en las solicitudes. El problema con este esquema es que, si una persona no conoce el sistema de acceso a la información y no pregunta por esa vía, no forma parte de la estadística que se utiliza para integrar la nueva información que se publica en los portales sin que medie solicitud alguna.

En consecuencia, las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad y que no tienen acceso a internet ni, mucho menos, a la plataforma del Sistema Nacional de Transparencia para hacer una solicitud de información, no ven reflejadas sus necesidades, de tal suerte que la proactividad de la institución garante, en realidad, sigue dependiendo de la iniciativa ciudadana, es decir, sigue siendo, en cierta medida, reactiva.

Debido a las brechas digital, lingüística, cultural y de género, entre otras barreras estructurales a las que se enfrenta la población en México a lo largo del territorio nacional, se vuelve fundamental la implementación de políticas que permitan que, en particular, poblaciones en situación de vulnerabilidad puedan ejercer el derecho a la información. Mientras el ejercicio del derecho se siga centrando en el ámbito digital y la mayoría de las estrategias se basen en internet, la exclusión hacia estas poblaciones continuará.

¿Instituciones al servicio del poder o como contrapeso ciudadano?

Al servicio del poder

La política de cooptación de espacios de autonomía institucional que existía en sexenios anteriores no ha sido objeto de un verdadero compromiso de cambio en 2019. Por el contrario, se ha cuestionado la utilidad de dicha autonomía y se ha mantenido la política de “cuotas y cuates” para la designación de los titulares de diversas instituciones, afectando lo logrado respecto a la apertura de los procesos de designación, que sufrió severas regresiones.

Tampoco se ha dado el fortalecimiento necesario de los organismos autónomos para convertirlos en verdaderos contrapesos al poder, ni se han impulsado mecanismos que les permitan cumplir con sus facultades, competencias y atribuciones de ley.

Las expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre instituciones y oranismos autónomos como el INAI, al que acusó de contar con un presupuesto excesivo y del cual también cuestionó su utilidad institucional, han sido parte de la narrativa durante el primer semestre de 2019 sobre este tema.

Es cierto, instituciones que fueron creadas para garantizar derechos humanos, como el INAI y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se convirtieron desde su creación en meros órganos administrativos que lejos de garantizar tales derechos y servir como puente entre el gobierno y los ciudadanos, les dieron la espalda. Estos organismos dejaron mucho que desear a la ciudadanía. Ambas instituciones, sin embargo, son la representación de logros ciudadanos que buscaban cambios reales y contrapesos al poder. Sin embargo, su papel es fundamental para la vida democrática del país.

ARTICLE 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, a través del Observatorio de Designaciones Públicas, han señalado en numerosas ocasiones que parte de la debilidad institucional de los organismos de derechos humanos reside en sus procesos de designación, pues, las y los titulares que encabezan estas instituciones son designados por ser “cuates” y, por lo tanto, brindan complicidad y no control o contrapeso frente a otros poderes.

En 2019, el Observatorio de Designaciones Públicas dio seguimiento a 63 nombramientos dentro de instituciones clave para garantizar los derechos humanos, de los cuales sobresalen tres lugares en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), un lugar en el pleno del INAI, la presidencia de la CNDH, la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y otros tantos de órganos con funciones de control y regulación.

Se identificó que la falta de transparencia y rendición de cuentas sobre los criterios que justificaron la selección final de los perfiles por el Senado fue constante. También se observó la búsqueda del partido en el poder (Morena) y una intervención pronunciada de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), para controlar el proceso, lo cual puso en un papel secundario el trabajo de las comisiones involucradas en estos procedimientos.

De los tres procesos de designación de ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, destaca que las ternas incluían a personas no solamente cercanas al poder Ejecutivo, sino que incluso tenían militancia en Morena o habían sido postuladas a un cargo de elección. Tal es el caso de Loretta Ortiz, que el día de su primera entrevista (17 de diciembre de 2018) ante la Comisión de Justicia hizo pública su renuncia a su militancia, o de Celia Maya, quien fue candidata a gobernadora de Querétaro en dos ocasiones, en 2003 por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y en 2015 por Morena.

El proceso de designación de la presidenta de la CNDH ilustra también esta proclividad hacia perfiles con una militancia partidista expresa, pues “en 2018 fue candidata a diputada federal por Morena, y fungió como secretaria de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional del mismo partido, al cual no había renunciado hasta el día de su elección”, con el agravante de darse en medio de un buen número de cuestionamientos sobre la legalidad e incumplimientos de las propias bases de la convocatoria aprobada por el pleno del Senado.

Conferencias matutinas: ¿una nueva forma de propaganda?

AMLO y sus conferencias matutinas

En el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la comunicación política y social del gobierno federal ha sufrido una transformación importante: pasó del modelo tradicional de vocerías y anuncios acompañados de intensas campañas propagandísticas y un gasto desmesurado en materia de publicidad oficial, a un modelo más económico, pero tanto o más eficaz: las conferencias matutinas.

Durante un año, se realizaron 252 emisiones de estas conferencias y se han consolidado como el principal espacio de comunicación con la sociedad. Se trata de comunicación política y propaganda bajo una faceta de transparencia, apertura y diálogo, y que a noviembre de 2019 fueron vistas en tiempo real por un promedio diario de entre 100,000 y 120,000 usuarios de Facebook y YouTube.

Es a través de las redes sociales que se dan las principales discusiones en torno a los mensajes que transmite el presidente, aunque pocas veces ofrecen información verificable y que pueda contrastarse con otras fuentes de información oficial.

 

¿Qué pasó con la publicidad oficial?

La transformación del modelo de comunicación del presidente, centrado en las conferencias matutinas, no significa que la publicidad oficial haya desaparecido ni que ahora las conferencias sean la única forma de comunicación social del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya que, si bien el dinero público que se ejercía en publicidad oficial ha disminuido de manera considerable respecto al gobierno anterior, aún sigue asignándose de manera arbitraria y discrecional.

Dado que no existen criterios claros para la asignación de gasto de comunicación social, éste seguirá siendo un mecanismo de control, dada la dependencia económica de los medios de la venta de espacios para publicidad oficial. Aunque Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la presidencia, se comprometió a fijar reglas claras de asignación de publicidad oficial, aún sigue vigente la Ley General de Comunicación Social publicada en abril de 2018, que da pauta al uso discrecional, opaco y arbitrario de la publicidad oficial en los tres niveles de gobierno.

 

Centralización de la voz: mensajes que promueven, pero (des)informan

Las conferencias centralizan la información en el presidente como vocero principal, lo que restringe el tipo de mensaje que se comunica a la sociedad y homogeneiza las posturas que pudieran tener diversas instituciones. Es así como estas conferencias pueden figurar como un control respecto a la información.

Las conferencias figuran como una herramienta eficaz para fijar el terreno del debate público. Son un espacio en el que existe un diálogo entre López Obrador y las y los periodistas, en donde el mandatario decide hasta dónde y en qué sentido se puede abordar un mensaje, logrando también transformarlo o desvirtuarlo con rapidez. Esto sucede, por ejemplo, cada vez que decide emitir algún mensaje estigmatizante en contra de la prensa, pues logra convertir al mensajero en el mensaje y desvirtuar aquello que la o el periodista buscaba informar.

El peligro de fijar los “términos y condiciones” del debate público a través de las conferencias no sólo radica en la desinformación o la información sesgada, sino que se convierte en un elemento importante en la profundización de la polarización. Las conferencias han sido el espacio para pontificar, moralizar, dictar prioridades, fustigar adversarios (entre los que se incluye en voz del presidente a las y los periodistas), instruir acciones de gobierno en tiempo real y emitir juicios públicos sobre la responsabilidad moral, política y hasta legal de ciertos personajes.

Un aspecto relevante es la veracidad de las afirmaciones y contenidos difundidos en las conferencias matutinas. De acuerdo con cifras de SPIN Taller de Comunicación Política, López Obrador emitió 15,000 “afirmaciones no verdaderas” (compromisos, promesas, asertos no comprobables o falsos) en 365 días. Esta cantidad destaca, incluso, en comparación con las 15,413 afirmaciones falsas o no comprobables, durante 1055 días de gobierno, de Donald Trump, quien se ha caracterizado por dar información no verdadera.

Los impactos en materia de derecho a la información y libertad de expresión son trascendentes, pues los datos e información oficial a la que se tiene acceso a través de la voz del presidente, con su validación moral a priori, es difícilmente cuestionable y, cuando lo es, se esconde con otros mensajes, generando cortinas de humo. Esto, finalmente, provoca desinformación.

¿Nunca más la atrocidad y el terrorismo de Estado?

Violación a los derechos humanos

El acceso a los archivos históricos de violaciones graves a derechos humanos

El 1 de marzo de 2019, a tan sólo tres meses de iniciado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se anunció la apertura de los archivos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y otras instituciones de seguridad, hecho que coincidía con la publicación de un acuerdo presidencial para transferir al Archivo General de la Nación (AGN) toda la documentación en posesión de la administración pública federal relacionada con violaciones a los derechos humanos, persecuciones políticas y actos de corrupción.

Lamentablemente, esta estrategia de “justicia transicional” más amplia se ha quedado corta en términos de su implementación: a casi un año del anuncio, sigue sin conocerse hasta qué punto y cómo se ha llevado a cabo.

A pesar de este acuerdo, los archivos de diversas corporaciones que participaron en actos de represión, alojados en el AGN, algunos desde 1985 y otros desde 2002, y que ya deberían estar abiertos al público, permanecieron con acceso restringido durante todo 2019. Se trata de acervos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS), así como de varias policías locales y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), todos los cuales fueron transferidos al AGN en virtud de otro acuerdo presidencial anterior, de noviembre de 2001.

 

El reconocimiento público de la atrocidad

En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se inició una narrativa de apertura y de compromiso con medidas de reparación, disculpas públicas por casos ocurridos en el pasado y acuerdos por los que se abre información vinculada con graves violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, fuera de los actos públicos de reconocimiento, en los hechos no hay cambios sustanciales respecto a la apertura proactiva de información.

Si bien las disculpas públicas son un acto simbólico importante para comenzar a reparar el daño, es necesario que marquen una ruta hacia otras medidas elementos importantes: abatimiento de la impunidad mediante la identificación, procesamiento y sanción de los responsables materiales e intelectuales de cada caso; esclarecimiento de la verdad para las víctimas y la sociedad; reparación integral del daño y adopción de medidas de no repetición para que estos hechos no vuelvan a ocurrir.

Los casos de disculpa pública son los de Martha Alicia Camacho Loaiza, integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, quien fue desaparecida junto con su esposo, José Manuel Alapizco Lizárraga, por elementos del ejército, el 19 de agosto de 1977, y el de la periodista y activista Lydia Cacho, víctima de persecución penal, detención arbitraria y tortura por policías del estado de Puebla; también está el caso de las víctimas de la masacre de Allende, Coahuila, ocurrida en 2015 y, posteriormente, el de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, dos estudiantes asesinados la madrugada del 19 de febrero del 2010 por elementos del ejército en el Tecnológico de Monterrey.

 

Estadística sobre violaciones graves a derechos humanos

En México, durante los últimos años, ha sido imposible acceder a información sobre fosas clandestinas, así como a estadísticas de personas desaparecidas, de personas fallecidas no identificadas o de uso de la fuerza. Esta situación se mantuvo durante 2019.

La poca información disponible en la materia se ha hecho pública en las conferencias matutinas del presidente. El 6 de enero de 2020, la Segob informó que hay 61,637 personas desaparecidas desde los años sesenta y 873 fosas identificadas desde el 1 de diciembre de 2018. Lo cierto es que cuando se realizan solicitudes de información pidiendo informes o versiones públicas de los registros para contrastar lo presentado en las conferencias, estos documentos no se entregan.

Esta situación afecta las propias labores de búsqueda de los colectivos de familiares de personas desaparecidas. De igual manera, no se publican las metodologías ni las bases de datos que permitan contrastar y verificar esta información, como lo establecen la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de Archivos. Estos registros, a la fecha de publicación de este informe, aún no estaban listos, a pesar de haber sido mandatados desde 2017 con la publicación de la legislación en la materia.

Algo similar sucede con estadísticas de uso de la fuerza por parte de instituciones de seguridad. ARTICLE 19 y el Programa de Política de Drogas del CIDE Región Centro ingresaron solicitudes de información para requerir el número de personas fallecidas y heridas en “enfrentamientos” con fuerzas de seguridad o “agresiones” a éstas, además de las versiones públicas de los informes detallados de uso de la fuerza e informes policiales homologados.

Estas solicitudes de información derivaron en recursos de revisión que, a su vez, derivaron en demandas de amparo que hasta ahora se encuentran en proceso. Es decir, se mantiene la falta de transparencia en instituciones como el ejército, no hay cambios en las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública ni claridad en las metodologías sobre cómo recupera información el Estado.

Con información es posible generar memoria y diálogo, y con memoria es posible prevenir que nuevos casos ocurran. Si las medidas tomadas por el nuevo gobierno se quedan en anuncios con “bombo y platillo” de transferencias de archivos no realizadas en los hechos, o sólo en disculpas públicas, no es factible construir políticas sólidas de no repetición de las atrocidades. En ello, que no se olvide, radica en buena medida la esperanza de cambio.

Migrantes: ¿sujetos del odio, la discriminación y la desinformación?

Migrantes

En México ha proliferado una narrativa sobre las caravanas de migrantes que ha estado acompañada de desinformación, discursos hostigadores y discriminatorios, y, en algunos casos, de discursos de odio.

En un contexto de múltiples oleadas de caravanas de migrantes en la frontera sur del país (Tapachula, Chiapas), que se estima en el ingreso de más de 500,000 personas durante los primeros seis meses de 2019, la administración de Andrés Manuel López Obrador cedió a las presiones del gobierno estadounidense, lo cual derivó en la implementación de una política de contención a través del Plan de Migración y Desarrollo, que implicó el despliegue de, al menos, 10,500 elementos de la Guardia Nacional en 23 municipios para frenar y disuadir la migración irregular.

Asimismo, conllevó el nombramiento de miembros de las fuerzas armadas como delegados del Instituto Nacional de Migración (INM), el aumento de retenes, redadas y controles, y la proliferación de amenazas a transportistas para evitar el tránsito de personas que no contaran con su documentación migratoria en regla. Como resultado, de junio a noviembre de 2019, fueron detenidas 278,995 personas migrantes, muchas de las cuales permanecen varadas en Tapachula.

Forzar la permanencia de la población migrante ha supuesto daños para todas las partes involucradas y, a su vez, ha propiciado la polarización de opiniones en la sociedad de cara a la emergencia, intensidad y heterogeneidad de los procesos migratorios que se viven en México. En ARTICLE 19 percibimos, a través del trabajo de campo que realizamos con periodistas, que existe una tendencia entre actores no identificados de crear y difundir desinformación, así como discursos hostigadores, discriminatorios y de odio a través de redes sociales.

Algunas de las modalidades de estas expresiones tienen el potencial de confundir a la población e, incluso, instigar a la violencia, la discriminación o la hostilidad hacia las personas migrantes. Además, alimentan la desinformación y fortalecen posiciones nacionalistas que ponen en riesgo el reconocimiento de la diversidad cultural y la importancia de la migración en el desarrollo del país.

Ante este escenario, los silencios y declaraciones del INM parecen abrir el paso a la generación de más dudas, incertidumbres y especulaciones respecto al tema en general. El Estado debe proveer más y mejor información, así como crear y difundir campañas educativas y de sensibilización para la población que radica en las ciudades de tránsito migrante.

Una encuesta de febrero de 2020, publicada por El Financiero, revela que 64% de las y los mexicanos considera que deben cerrarse nuestras fronteras a los migrantes, mientras que 73% está de acuerdo con que la Guardia Nacional se destine a detener el flujo migratorio centroamericano que intenta cruzar por la frontera sur de México hacia Estados Unidos.

La discriminación, la violencia y el odio condicionan y ponen en riesgo el ejercicio de los derechos humanos, por lo que se vuelve necesario que el Estado promueva una cultura de reconocimiento de la diversidad y abra caminos al diálogo informado y a la confrontación de ideas y de propuestas que enriquezcan el debate público y la toma de decisiones.

Discurso discriminatorio

Mujeres ¿Estamos haciendo que nuestra voz resuene?

Mujeres alzando la voz

En 2019, las protestas feministas estallaron y se convirtieron en verdaderos actos de desobediencia cívica para llamar la atención del gobierno y provocar cambios estructurales para la igualdad, la justicia y la no violencia, en un país en el que la saña contra las mujeres se refleja en que 2,819 de ellas fueron víctimas de homicidio doloso, identificándose 976 como feminicidios. En 2019, las protestas feministas estallaron y se convirtieron en verdaderos actos de desobediencia cívica para llamar la atención del gobierno y provocar cambios estructurales para la igualdad, la justicia y la no violencia, en un país en el que la saña contra las mujeres se refleja en que 2,819 de ellas fueron víctimas de homicidio doloso, identificándose 976 como feminicidios.
Aunado al feminicidio, hay otros tipos de violencia que diariamente se ejercen en contra de miles de mujeres en México, como la física y sexual, que incluso en algunos casos es perpetrada por el mismo Estado.
La incapacidad del gobierno para reducir la violencia contra las mujeres y su responsabilidad como perpetrador de ésta, ya sea de manera directa o a través de la revictimización, ha ocasionado un cambio en las estrategias de movilización social de mujeres y colectivos feministas, con el objetivo de resaltar el hartazgo ante la impunidad y la violencia sistémica.
El caso de Lesvy Berlín Osorio, una joven de 22 años que fue víctima de feminicidio en Ciudad Universitaria a manos de su entonces pareja sentimental,  y en el que la entonces Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer, vía Twitter, información que la revictimizaba por un posible uso de drogas y alcohol previo a su asesinato, provocó la difusión en esa red social y en Facebook del hashtag #SiMeMatan, mediante el cual mujeres mexicanas de distintas edades y provenientes de diversas entidades mostraron su descontento sobre por el tratamiento que las autoridades dieron al feminicidio. Tras la movilización en redes sociales, se inició una serie de protestas para exigir justicia por Lesvy y todas aquellas mujeres que día a día son violentadas.
La irrupción de las mujeres en el espacio cívico genera reacciones adversas, debido a que es un acto que rompe con los roles tradicionales de género. El 12 de agosto de 2019, decenas de mujeres se dieron cita en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital del país para exigir justicia debido a la presunta agresión sexual contra tres mujeres a manos de agentes de la policía. Durante la movilización, como acto de protesta, una manifestante cubrió de brillantina rosa a Jesús Orta, entonces secretario de Seguridad Pública local. Como respuesta, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, calificó de “provocación” estos hechos e informó que abriría una carpeta de investigación para dar con quien resulte responsable.
La declaración de la jefa de Gobierno es muestra de la falta de reconocimiento de la importancia de la protesta en contextos democráticos, más aún en contextos de una crisis de violencia. Por un lado, su discurso deslegitima y criminaliza ciertas formas de protesta y, por el otro, equipara acciones de protesta con actos de violencia.

La desobediencia civil está protegida por el derecho a la protesta

La desobediencia civil tiene el objetivo de evidenciar públicamente alguna injusticia o ley que contravenga algún derecho humano o que afecte u oprima a algún grupo determinado, y está amparada por los derechos a la libertad de expresión y el derecho a la participación política.
Durante la movilización, en un acto de desobediencia cívica, algunas manifestantes realizaron pintas en edificios y monumentos, entre los cuales, el Ángel de la Independencia fue uno de los más visibles. Como respuesta se produjo una narrativa oficial y en los medios que criminalizaba dichas formas de expresión, que generó en la opinión pública la división entre manifestantes “buenas” (aquellas que no causaron ningún destrozo), y las “malas” (quienes se comportaron de manera “violenta”). Estas narrativas que estigmatizaron y criminalizaron la protesta resonaron más que la propia voz de las mujeres que exigían justicia en un país donde ser mujer es de alto riesgo.
ARTICLE 19 activó la red #RompeElMiedo para monitorear las agresiones en contra de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, además de contrarrestar la desinformación habitual que se suscita durante las protestas, resultando en el registro de once agresiones contra reporteros, camarógrafos y fotógrafos. De forma lamentable, la cobertura oficial y de algunos medios de comunicación buscó vincular estas agresiones con los propósitos de la movilización, dividiendo a la opinión pública y creando un estigma contra quienes se manifestaron.
Las protestas feministas son cada vez más frecuentes y generan más eco, debido a la ausencia del Estado en el combate a la violencia contra las mujeres. En el contexto mexicano, donde matan a una mujer aproximadamente cada tres horas, es necesario reconocer la importancia de que se haga escuchar su voz y de ocupar el espacio cívico tanto en el ámbito físico como en el digital.

Las voces en el espacio digital

Voces en el espacio digital

En un año de gobierno y durante 2019, hemos sido testigos de la presión del Estado, cada vez más creciente, sobre el espacio digital. La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia anunciaba cambios históricos, un nuevo régimen que borraría las viejas prácticas del pasado para echar nuevos cimientos democráticos, como el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información en el espacio digital. Sin embargo, el Estado sigue sin garantizar la universalidad de internet y ha desplegado una estrategia para imponer una sola narrativa en las redes sociales, alineada con la visión del gobierno.

 

Internet, ¿para todos?

Sexenio tras sexenio, los gobiernos han fracasado en cerrar la brecha digital en las regiones históricamente excluidas, pese a que el acceso a internet se erige como uno de los medios por excelencia para el ejercicio efectivo de los derechos humanos, en especial, la libertad de expresión y el acceso a la información.

En México, 34.2 millones de personas continúan sin acceso a internet, según la ENDUTIH 2018, y 16.3 millones de hogares no disponen de conexión. Es en las zonas rurales e indígenas del país donde la brecha digital es más notoria. Chiapas ocupa el primer lugar con el nivel más bajo de personas que usan internet en zonas rurales, con sólo 26.6% de usuarios, mientras que Guerrero y Puebla cuentan con 30.4 y 31.4%, respectivamente.

 

Políticas públicas, por un acceso a internet sin discriminación

Para garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicación (TIC), incluida la banda ancha e internet, el gobierno creó la empresa CFE Telecomunicaciones y el programa Internet para Todos, cuyo objetivo es conectar a la web a las comunidades más alejadas del país.

ARTICLE 19 reconoce la necesidad de diseñar programas de alfabetización digital aparejadas con las estrategias de conectividad, a fin de reconocer el acceso a internet como un derecho instrumental que facilita el ejercicio de otros derechos, como la libertad de expresión e información y los derechos económicos, sociales y culturales.

Asimismo, se deberá integrar una perspectiva sociocultural, comunitaria e indígena en cualquier política, programa o evaluación de impacto relacionada con el derecho de acceso a internet en México, además de diseñar estrategias de conectividad con enfoque de género, en especial en zonas rurales e indígenas. Por su parte, el Congreso de la Unión debe garantizar de forma anual los recursos necesarios que permitan al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) continuar con el levantamiento de la ENDUTIH.

 

Nuevas modalidades, viejas prácticas políticas

El espacio digital y las redes sociales acompañan a la llamada 4T del país para colocarse en el epicentro de la política mexicana como una herramienta de articulación social que rompa el “cerco informativo” de los medios tradicionales. Sin embargo, a medida que aparecen nuevas expresiones de crítica y disenso, surgen y se reproducen mecanismos de silenciamiento para frenarlas. Así, las libertades en el espacio digital y su novedosa relación trajeron también el desencanto y las viejas prácticas del sexenio anterior, como el uso de una diversidad de fórmulas, entre ellas cuentas automatizadas en las redes sociales, particularmente en Twitter, para defender, con una articulación profunda, la imagen del gobierno, la figura presidencial, sus colaboradores y sus decisiones, y con ello reducir el alcance de las voces críticas y disidentes, principalmente de periodistas.

Las redes sociales vuelven a convertirse en el escenario de la disputa por la imposición de una sola narrativa, el control de las conversaciones y de la incentivación de la polarización. El gobierno actual tiene la responsabilidad de proteger las múltiples expresiones en el entorno digital y evitar que se obstruya el ejercicio de la libertad de expresión mediante la tergiversación del diálogo en línea, así como de establecer mecanismos de transparencia para prevenir el uso arbitrario e indiscriminado de recursos públicos empleados para cerrar los espacios de participación en internet y en las redes sociales.

 

Los excesos de la regulación y los riesgos para la libertad de expresión en el entorno digital

Este gobierno ha empezado a desempeñar un papel más preponderante en la búsqueda de una regulación más activa de internet, tendiente a tener un mayor control. Ejemplo de ello son el intento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de imponer una sanción desproporcionada y lesiva para la libertad de expresión, como es el bloqueo de las plataformas tecnológicas que incumplieran con sus obligaciones fiscales, o las iniciativas presentadas sobre el mal llamado “derecho al olvido” que, a partir de una interpretación distorsionada sobre el derecho a la privacidad y la protección de datos personales abriría el camino para la censura de información de interés público, y las reformas propuestas al Código Penal Nacional, altamente preocupantes, para incorporar delitos relacionados con la esfera digital como el “terrorismo” y las “noticias falsas”.

Las iniciativas legislativas, o cualquier otra acción que provenga del Estado, deben reconocer la naturaleza de internet, evitar la sobrerregulación y la instauración de mecanismos que, en la búsqueda de atender algún fenómeno en el espacio digital, terminen restringiendo el ejercicio de los derechos humanos.

 

El populismo punitivo contra la libertad de expresión

La violencia hacia las mujeres en el espacio digital no ha cesado en los últimos años, como lo ejemplifica 2019, marcado por una fuerte movilización de grupos de mujeres para reformar los códigos penales de diferentes estados del país con el fin de incluir la difusión no consentida de imágenes con contenido sexual como un delito. Este modelo punitivista fue adquiriendo fuerza y, con él, una política de criminalización que, además de ser sólo un paliativo ante la violencia estructural hacia las mujeres en un país donde campean la impunidad y la revictimización, apareja efectos negativos para la libertad de expresión, abre el camino para la criminalización del ejercicio periodístico e implica el riesgo de una legislación que restrinja el flujo de información sobre asuntos de interés público.

En un ejercicio de transparencia, ARTICLE 19 identificó cómo las fiscalías atienden delitos de violencia contra las mujeres en internet. La información entregada por las fiscalías de Aguascalientes, Chiapas y Durango aportó elementos que demuestran que estas instancias judiciales de las entidades federativas tienen rezagos, sobrecarga de trabajo y un lento trámite desde la carpeta de investigación hasta la “judicialización” de los delitos, lo que también genera revictimización como resultado de la impunidad casi absoluta en la que los mantienen.

 

La lucha por mantenerse en línea

En los últimos tres años, ARTICLE 19 ha documentado casos de periodistas y medios digitales que por distintas vías han enfrentado la censura en línea a través de la remoción de contenidos.

En el ámbito de las redes sociales, la eliminación de contenidos se sustenta en la infracción de alguna de sus normas comunitarias. En el caso de los webhost (alojamientos web), los argumentos se asocian con las políticas contractuales, poniendo especial énfasis en las violaciones a derechos de autor. Por ello, las plataformas deben seguir trabajando para alinear sus políticas internas con el marco internacional de los derechos humanos y reconocer con más amplitud las excepciones concernientes al interés público y el trabajo periodístico.

En 2019 ARTICLE 19 dirigió 224 solicitudes de información en 32 entidades federativas, relacionadas con supresión de contenido a cargo de autoridades a nivel ejecutivo, administrativo, electoral y judicial. La investigación ha identificado varios patrones: 1) las secretarías de Seguridad Pública de las entidades federativas son las instituciones que más solicitan eliminar contenido, 2) ninguna de estas solicitudes tuvo lugar mediante la emisión de una orden judicial, 3) Facebook fue la principal plataforma a la que se le solicitó esto y 4) los motivos principales para solicitar la eliminación de contenido. En las respuestas se ofreció información sobre 281 solicitudes de remoción de contenido, de las cuales 76% se dirigieron a Facebook en entidades como Campeche, Veracruz y Baja California Sur, por motivos de que ésta presentaba contenido sexual, fraude, acoso cibernético, suplantación de identidad, ciberbullying, violación de la normativa electoral, sextorsión y perfil falso.

 

Remoción de contenido

La remoción de contenido contra las expresiones artísticas

Internet es un espacio para la creatividad, donde confluye una diversidad de expresiones. El arte encuentra en el espacio digital una forma multifacética para manifestarse. Sin embargo, en los últimos años se ha intensificado la presión para censurar las manifestaciones artísticas, sin que las políticas de moderación de contenido estén alineadas con el marco internacional de los derechos humanos.

En 2019, ARTICLE 19 comenzó el desarrollo de #MissingVoices, una campaña global para dar visibilidad a las voces que son silenciadas, con el fin de hacer un llamado a las plataformas de redes sociales para que implementen mecanismos más efectivos y con mayores niveles de transparencia sobre las remociones de contenido, que otorguen la posibilidad de apelar una decisión que se considere ilegítima y provean una resolución clara que dirima y dé por concluido el caso.

 

Sobre Articulo19

ARTICLE 19 México y Centroamérica es una organización independiente y apartidista que promueve y defiende el avance progresivo de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información de todas las personas, de acuerdo a los más altos estándares internacionales de derechos humanos, contribuyendo así al fortalecimiento de la democracia.

Para cumplir su misión, ARTICLE 19 México y Centroamérica tiene como quehacer primordial:

  • La exigencia del derecho a la difusión de información y opiniones en todos los medios,
  • la investigación de amenazas y tendencias,
  • la documentación de violaciones a los derechos de libertad de expresión,
  • el acompañamiento a las personas cuyos derechos han sido violados; y
  • la coadyuvancia en el diseño de políticas públicas en su área de acción.

En este sentido, ARTICLE 19 México y Centroamérica visualiza una región donde todas las personas se expresen en un ambiente de libertad, seguridad e igualdad, y ejerzan su derecho al acceso de información; facilitando la incorporación de la sociedad en la toma de decisiones informada sobre sí mismos y su entorno, para la plena realización de otros derechos individuales.

ARTICLE 19 se fundó en Londres, Reino Unido, en 1987, y toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:

Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, este derecho incluye la libertad de sostener opiniones sin interferencia y buscar, recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio y sin consideración de fronteras.

La Oficina para México y Centroamérica inició operaciones en 2006.

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